La percepción que tiene la población sobre el trabajo de los Diputados al Congreso de la República de Guatemala en la última década está basada en las actuaciones nebulosas, clientelares y de componendas entre los partidos políticos representados en el Congreso y el partido de turno en el Ejecutivo; es sabido que, la relación clientelar que predomina en el Sistema Político Guatemalteco ha dañado la institucionalidad pública en dos vertientes:
1. Debilitamiento de la participación ciudadana: La participación de la ciudadanía en los procesos electorales desde el año 1984 al año 2011 se ha mantenido en un 69.3%, numéricamente se infiere que la democracia como forma de vida es el medio “idóneo” de la ciudadanía, no obstante en el ejercicio ciudadano la participación en las instancias como el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural es débil; una primera explicación se aproxima a que en los procesos electorales se ha aumentado el número de centros de votación, hay acarreo de electores por parte de los partidos políticos y campañas electorales anticipadas. Una segunda aproximación, es que en el Sistema de Consejos de Desarrollo la participación está ligada a formas tradicionales de organización comunitaria, en donde los “líderes comunitarios” ejercen desde dos décadas atrás por ejemplo, además la gestión comunitaria es de mediano y largo plazo.
2. Clientelismo Político: El Sistema político está desestructurado y casi al borde del abismo, los partidos políticos para sobrevivir a través de las autoridades electas, recurren en los procesos electorales a prácticas clientelares: compra de votos por diversos medios, entrega de víveres, láminas, juguetes, incluso se ha rumorado que en la última campaña electoral (2011) se entregaron teléfonos celulares, cheques a nombre del portador, pudiéndolos cobrar una vez el candidato llegara al cargo. No obstante, el clientelismo político también se ejerce en el poder, cuando designan empresas de “su confianza” para la ejecución de obras de infraestructura, compras de útiles y enseres de oficina, obviando los procesos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
El debilitamiento de la institucionalidad influye en la gestión pública: compra de voluntades en el Congreso de la República, el sistema de justicia acusado de altos niveles de corrupción, llegando a disputas políticas que socaban la institucionalidad pública y “obligan a los partidos políticos a recurrir a prácticas clientelares y componendas”. Por ejemplo durante el año 2013 en el Legislativo estuvo supeditado a la voluntad de los partidos políticos, más allá de generar el rol político de legislar en favor del bien común. La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo se vio afectada cuando no se subsanaron intereses particulares, el bloque o los bloques opositores jugaron un rol más en el bloqueo de la agenda Legislativa, recurriendo a interpelaciones de Ministros que en nada favorecen la institucionalidad pública.
El roce político entre el Ejecutivo y el Legislativo, en otras palabras entre el Partido Libertad Democrática Renovada y el Partido Patriota, ha provocado que a lo interno del Legislativo las fuerzas políticas encuentren en la “negociación o chantaje” la forma adecuada de obtener réditos políticos, que en nada se reflejan en el bien común, además esta pugna ha conllevado un estancamiento en el rol del Congreso de la República. Uno de los productos de estas pugna es la interpelación al Ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, que se inició el 30/10/12 y que en el año 2013 no finaliza, reprogramando la continuidad para el año 2014. A sí mismo, la Ministra de Educación, Cintia del Águila, lleva 72 días de acudir al Congreso de la República en espera de ser interpelada. Si bien es cierto que las interpelaciones a los funcionarios públicos son de carácter constitucional, por lo menos, ejercer la función de legislar en favor del bien común debe prevalecer antes que intereses políticos
En el sistema político la ciudadanía termina siendo más afectada, se debilita el rol del ciudadano como ente político, aun así, los partidos políticos han iniciado la campaña política anticipada para las elecciones del año 2015; es como tener un doble discurso, por un lado en el Congreso jugar un rol de interpelador, en el sentido de velar por el bien público y fuera de él quebrantando la Ley Electoral y de Partidos Políticos al realizar campañas anticipadas.
La pugna en el Legislativo sirvió de marco para que el Partido Patriota buscara otras alianzas y obtener los votos suficientes para la aprobación de más endeudamiento público, asimismo, jugó con el tema de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos propuesto para el año 2014, en tanto, le permitirá realizar una serie de transferencias sin autorización del Legislativo, luego responsabiliza al Legislativo ante el “posible desfinanciamiento” del aparato público, fue una jugada importante del Ejecutivo para trasladarle al Legislativo la responsabilidad ante la falta de recursos para cubrir los compromisos del Ejecutivo en materia educativa, salud, infraestructura entre otros.
Qué ganó la ciudadanía con este juego político, nada, por el contrario, sigue perdiendo porque prevalecen intereses particulares, sabiendo que el año 2014 será de conflictividad entre los sindicatos, el Legislativo y Ejecutivo, aumentando la conflictividad social y por lo tanto, asegurar el uso de la fuerza pública para preservar el “orden social”.
Demetrio Pérez Ordoñez
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